Una comisión de especialistas en políticas sociales ha presentado recientemente una serie de propuestas para redefinir la manera de medir la pobreza en Chile. Según estas recomendaciones, en lugar de ubicar el porcentaje de personas en situación de pobreza en un 6,5%, la cifra real en 2022 ascendería a un 22,3%. El cambio radica en elevar el umbral de ingresos, el cual no solo cubre el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) sino también otros servicios esenciales como salud, vestuario y transporte. En este nuevo enfoque, se incorpora por primera vez la información proveniente de la Encuesta de Presupuestos Familiares VIII (EPF 8), realizada entre julio de 2016 y junio de 2017, la cual revela los precios efectivos que pagan los hogares de menores ingresos. Anteriormente, se asumía que estos consumidores accedían a los precios más bajos del mercado, basándose en datos del percentil 20, pero este supuesto ha demostrado ser equivocado al comprobarse que, en realidad, adquieren alimentos a precios más altos. Este ajuste, que por sí solo incrementa la cifra de pobreza a un 15,9%, se debe a que los hogares con menores recursos realizan sus compras en pequeños comercios de barrio, donde los precios son más elevados debido a la limitada oferta de mercados mayoristas. Además, el impacto derrocador del estallido social—que redujo significativamente el número de supermercados en las comunas más vulnerables, pasando de 594 en septiembre de 2019 a 464 en 2022—ha contribuido a encarecer aún más los insumos básicos. Estos elementos combinados resaltan la urgencia de poner en marcha políticas públicas que fomenten una mayor presencia de mercados mayoristas en zonas de bajos ingresos, buscando así mitigar la desigualdad del costo de vida y brindar un alivio tangible a las poblaciones más desfavorecidas.
Autor: Jorge Rojas