En Chile, y de forma particular en la región de Magallanes, el ejercicio periodístico ha sufrido notables transformaciones. Hoy en día, un considerable número de profesionales de la comunicación opta por desempeñarse en organismos del Estado en lugar de trabajar en redacciones. En Magallanes, se calcula que alrededor de 70 periodistas se encuentran integrados en el sector público, lo cual invita a cuestionarse: ¿por qué resulta más atractivo un cargo gubernamental en comparación con una sala de prensa? ¿Qué repercusiones tiene esto sobre la autonomía informativa y la función fiscalizadora de la prensa?
Para Elías Barticevic, presidente regional del Colegio de Periodistas, esta dinámica se explica por profundas condiciones estructurales del mercado laboral, sumadas a una formación profesional adaptada a las nuevas exigencias. Según Barticevic, no se trata de una traición a los principios del periodismo, sino de aprovechar oportunidades reales en un contexto donde los medios tradicionales enfrentan una marcada precariedad. Hoy, los desafíos financieros, despidos, reducción de espacios para el periodismo independiente y la dependencia creciente de financiamientos estatales o publicitarios, han hecho que el empleo en el sector público ofrezca mayor estabilidad, mejores ingresos y condiciones laborales más seguras.
Este fenómeno ha propiciado la creación de una estructura comunicacional paralela en el ámbito estatal. Cada secretaría regional, municipio o entidad gubernamental cuenta con su propio equipo de comunicaciones, el cual, si bien aporta información oportuna, puede actuar como un filtro estratégico para resguardar la imagen de las autoridades y limitar expresiones imprevistas fuera de un guion preestablecido.
Ante esta situación surgen cuestiones cruciales: ¿hasta qué punto puede un periodista empleado en el Estado ejercer su labor con total libertad? ¿De qué manera influye esta tendencia en la interacción entre las autoridades y la prensa? ¿Se estaría conformando una especie de burbuja comunicacional alrededor de las figuras públicas?
Chile cuenta con la Ley 19.733, que salvaguarda las libertades de opinión, información y el ejercicio del periodismo, aunque esta normativa coexiste con una tensión creciente entre los intereses institucionales y la labor independiente del periodismo. Barticevic recalca que el periodismo debe ser un contrapeso ante el poder, recordando la importancia de que la independencia editorial no se convierta en un ideal inalcanzable, pese a las realidades laborales del sector.
La historia misma del periodismo se ha caracterizado por su rol como ‘aguijón del poder’, como lo expresó el expresidente Ricardo Lagos en el centenario del diario El Mercurio, remarcando que no existe una democracia plena sin una prensa que desafíe constantemente a los gobernantes. Sin embargo, si una porción significativa de periodistas se desempeña dentro del aparato gubernamental, surge la interrogante: ¿quién asume el papel crítico desde una posición externa?
Existen diferencias evidentes entre el periodista institucional, que busca reforzar la imagen de la entidad para la que trabaja, y el periodista de medios, cuyo compromiso es informar de manera independiente, rigurosa y fiscalizadora. Ambos roles pueden complementarse si se ejecutan con ética, responsabilidad y un firme compromiso con la verdad. La clave reside en diferenciar claramente entre propaganda e información, afirmando que la comunicación desde el sector público debe ser tan transparente y crítica como cualquier otra, manteniendo al periodismo como una herramienta esencial para la ciudadanía.
Autor: Jorge Rojas