El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, iniciativa conjunta de la OMCT y la FIDH, ha emitido una alarma urgente en relación a la creciente persecución judicial y policial contra miembros del Aylla Rewe del Ngen Mapu Kintuantü. Esta organización política y espiritual, que defiende el territorio mapuche-williche en el Pilmaiken, se encuentra en el epicentro de la controversia ante la oposición al proyecto hidroeléctrico impulsado por la noruega Statkraft, en los límites de las regiones de Los Lagos y Los Ríos. En la cosmovisión mapuche, el Pilmaiken es un espacio sagrado que, junto a su entorno ancestral y sitios ceremoniales, representa una fuente de salud, bienestar y equilibrio para la comunidad.
Entre los episodios denunciados destaca la detención arbitraria de Jaime Javier Uribe Montiel, ocurrido el 12 de mayo de 2025. El defensor de derechos humanos, que se trasladaba junto a la Machi Millaray Huichala durante una gira de sanación, fue interceptado sin orden judicial en una ruta hacia Temuco y acusado de “violación de morada”. Según el informe, carabineros procedieron a retenerlo y trasladarlo forzosamente a Lautaro, mientras dejaban a la Machi y a sus hijos en la calzada, tras incautarles las llaves del vehículo.
A la mañana siguiente, Uribe fue presentado ante el Juzgado de Garantía de Lautaro, formalizado por “maltrato de obra a carabinero en servicio” y liberado posteriormente. Sin embargo, el 17 de junio se le informó de una nueva judicialización por la supuesta comisión de “violación de morada” en una ceremonia de diciembre de 2023, a pesar de la ausencia de pruebas concluyentes y sin tener en cuenta el carácter ritual del acto. El organismo internacional subraya que la repentina reactivación de esta acusación—que coincide con procesos de consulta sobre hallazgos arqueológicos y avances en denuncias contra Statkraft en Noruega—forma parte de un patrón sistemático para debilitar a quienes defienden el territorio mapuche.
Asimismo, el caso de Felipe Trunci González ha generado inquietud. Detenido el 25 de abril por la PDI sin orden judicial mientras trabajaba en Osorno, en la Región de Los Lagos, Trunci permaneció incomunicado durante varias horas, supuestamente para forzar la obtención de muestras de ADN. Hasta el momento, no se ha formalizado acusación en su contra, situación que revela un uso desproporcionado y arbitrario de la potestad judicial y policial.
El informe del Observatorio alerta que estas acciones encuadran una estrategia de criminalización contra los defensores del territorio mapuche-williche, tramitadas en medio de un conflicto socioambiental que se intensifica desde la adquisición del proyecto hidroeléctrico por parte de Statkraft, previamente en manos de empresas chilenas. Las comunidades han denunciado reiteradamente la falta de consulta libre, previa e informada, y los impactos negativos en el ámbito espiritual, territorial y cultural.
Ante este clima de presión, el organismo hace un llamado urgente a las autoridades chilenas y a los altos ejecutivos de Statkraft para que garanticen el respeto de los derechos humanos y el ejercicio seguro de la labor de defensa del territorio. Se insta a que se ponga fin a la criminalización y a que se adopten medidas de protección para la Machi Millaray, su entorno y otros defensores en riesgo. Además, se exige una investigación independiente sobre las actuaciones de Carabineros y fiscales, y que Statkraft rinda cuentas sobre el impacto social y ambiental de sus proyectos, conforme a estándares internacionales.
La ciudadanía es invitada a dirigir sus cartas al presidente Gabriel Boric, los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Jaime Gajardo (Justicia y Derechos Humanos) y Luis Cordero (Seguridad Pública), entre otros altos funcionarios, para exigir cinco medidas concretas: poner fin a la criminalización de los defensores, proteger a la Machi y su círculo, garantizar el derecho a la consulta previa, investigar de manera imparcial los abusos y exigir que Statkraft cumpla con su debida diligencia en derechos humanos.
La denuncia, inicialmente publicada en El Ciudadano, evidencia un preocupante escenario en el que la defensa del territorio ancestral se ve amenazada por tácticas judiciales y policiales que afectan directamente la integridad y la seguridad de las comunidades mapuche.
Autor: Roberto Sánchez