El pasado 04 de julio de 2025, el diputado Daniel Melo, en compañía de otros 40 parlamentarios, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional con motivo del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (Boletín 16.566-03). La solicitud argumenta que diversos artículos –entre ellos el 7A, 9, 10, 76 y 104– infringen preceptos fundamentales de la Constitución, afectando derechos esenciales como la igualdad, la salud y el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. El expediente, que abarca 46 páginas, detalla cómo estos dispositivos permitirían la disposición de bienes públicos y la utilización de Técnicas Habilitantes Alternativas para agilizar proyectos, lo que podría debilitar los controles normativos y favorecer intereses privados en perjuicio del interés colectivo. Además, se critica la instauración de un régimen de estabilidad regulatoria de ocho años, que impediría que cambios legislativos posteriores ajusten los permisos vigentes, y la modificación del rol de CONADI, poniendo en riesgo los derechos de los pueblos originarios conforme al Convenio 169 de la OIT. En paralelo a este proceso, diversas organizaciones socioambientales han impulsado una movilización nacional para el próximo sábado 19 de julio, reclamando que el presidente Boric ejerza su facultad de veto y solicitando la renuncia del ministro de Economía, Nicolás Grau, y de la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. Estas agrupaciones, que ya habían expresado su oposición durante encuentros en abril y el Día Mundial de la Tierra, advierten que el proyecto facilitará a grandes empresas la evasión de la normativa ambiental, configurando lo que denominan una “motosierra ambiental”.
Autor: Jorge Rojas