El empresario y exdirector de CFR Pharmaceuticals, Juan Bilbao Hormaeche (65 años), presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema para que se deje sin efecto la sanción de UF 90.000 —equivalente a unos US$3,2 millones en esa época— aplicada en 2015 por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por el presunto uso de información privilegiada. En un escrito de 33 páginas, su defensa, encabezada por los abogados Cristóbal Eyzaguirre y Alex van Weezel, sostiene que se cometieron múltiples errores de derecho, irregularidades procesales y un prejuzgamiento que afectaron la imparcialidad del procedimiento, destacando irregularidades en la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago y del 30° Juzgado Civil al admitir una reformulación de cargos sin sustento legal y al llevar adelante una investigación paralela sin asegurar las garantías de defensa.
Según el recurso, la multa se fundamentó en cinco supuestos errores esenciales: en primer lugar, se consideró confidencial una información que ya había perdido dicha condición al momento de la compra de acciones; en segundo lugar, se sancionó al empresario por mantener una orden de compra emitida antes de conocer datos relevantes, lo cual, según su defensa, no constituye un uso indebido de información privilegiada; en tercer lugar, se le atribuyó el rol de administrador en una sociedad que, al calificarla como ajena a su control, no le imponía la obligación de reportar; en el cuarto, no se invalidó la resolución pese a que el Superintendente había manifestado públicamente su opinión previa sobre el caso; y finalmente, en quinto lugar, se admitió de forma irregular la reformulación de los cargos durante el proceso.
El caso se originó el 26 de noviembre de 2015, cuando la SVS sancionó a Bilbao por haber comprado acciones de CFR Pharmaceuticals, mediante instrucciones a un tercero para adquirir títulos a través de la sociedad Somerton, luego de acceder a información reservada sobre negociaciones internacionales y la intención de Abbott de adquirir la empresa. La investigación estimó que, en operaciones realizadas entre marzo y mayo de 2014, Bilbao obtuvo beneficios indebidos por US$6,9 millones, lo que derivó, además, en una multa de US$12 millones impuesta por la Securities & Exchange Commission de Estados Unidos. Asimismo, la SVS determinó que el empresario omitió informar sus operaciones y su vinculación con Somerton, incumpliendo con sus deberes legales como director, lo que ocasionó su renuncia a cargos en Consorcio Financiero, Paz Corp, Blumar, Watt’s y Entel para concentrarse en su defensa legal.
En su presentación, la defensa de Bilbao también denunció la realización de “audiencias secretas” durante el proceso, señalando que la alta exposición mediática y declaraciones anticipadas del entonces Superintendente de la SVS, quien opinó sobre el caso antes de que se formularan cargos oficiales en contra de él, dañaron la integridad del procedimiento. Además, se expone que la SVS modificó su versión de los hechos en la etapa final del proceso, realizando una investigación paralela sin la presencia de los apoderados de Bilbao, lo cual según su defensa resulta injustificable. Finalmente, el ejecutivo solicita no solo la revocación de la sanción, sino también el reembolso de todos los costos judiciales generados durante esta prolongada disputa legal.
Autor: Jorge Rojas