Este martes, tras un prolongado periodo de expectación, la sala de la Cámara de Diputados discutió y aprobó en términos generales el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para regular los sistemas de inteligencia artificial. Con 63 votos a favor, 47 en contra y seis abstenciones, el conjunto del mensaje presidencial obtuvo un visto bueno, excepto el artículo 28, relacionado con el procedimiento de reclamación judicial ante el ejercicio de un derecho, el cual fue rechazado por tratarse de norma de rango orgánico constitucional. En consecuencia, se decidió reenviar el proyecto a la Comisión de Futuro para un análisis más específico de ese apartado.
El contexto de la votación se vio alterado cuando, al iniciar la sesión, el Ejecutivo retiró la urgencia suma que tenía el mensaje presidencial. Diferentes fuentes señalaron a DF que la medida se debió a la falta de respaldo suficiente para asegurar su aprobación en ambas votaciones, general y particular, requisito indispensable para su envío posterior al Senado.
El proyecto, que abarca 31 artículos y tres disposiciones transitorias, constituye uno de los pilares en materia de innovación del actual Gobierno del Presidente Gabriel Boric y marca la primera intervención en el Congreso del recientemente designado ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle. Durante los debates, tanto representantes del oficialismo como de la oposición coincidieron en que la inteligencia artificial presenta desafíos tecnológicos y sociales significativos para el siglo, aunque las posturas divergieron en cuanto al enfoque regulatorio.
Líderes parlamentarios de las bancadas oficialistas, como Helia Molina (PPD), Jaime Sáez (FA) y Juan Santana (PS), defendieron que la iniciativa posicionaría a Chile como posible pionero en la región al instaurar una regulación jurídica integral. Argumentaron que, dado el impacto de la IA en sectores tan variados como el crédito, la salud, la vigilancia y la educación, era urgente contar con un marco normativo que salvaguardara derechos fundamentales y adoptara estándares internacionales, clasificando los sistemas según niveles de riesgo y estableciendo una fiscalización específica.
Por otro lado, figuras de la oposición, entre ellas Francisco Undurraga (Evópoli), Marta Bravo (UDI), Diego Schalper (RN) y Paula Labra (RN), criticaron la propuesta por lo que consideraron una sobrerregulación, la importación de modelos europeos inapropiados para la realidad chilena y un enfoque excesivamente sancionador. Undurraga enfatizó que “legislar no es copiar y pegar”, abogando por un diseño normativo más acorde con el tamaño y madurez del ecosistema nacional.
Además de proteger derechos fundamentales, la ley busca fomentar el desarrollo y la adopción de la inteligencia artificial, promoviendo la innovación y la aplicación tecnológica dentro de un marco de cumplimiento obligatorio para toda persona natural o jurídica. El proyecto se fundamenta en ocho principios rectores y contempla una clasificación de riesgos en cuatro categorías: inaceptable, alto, limitado y sin riesgo evidente. En materia de gobernanza, prevé la creación del Consejo Asesor Técnico de IA y asigna a la agencia de protección de datos la responsabilidad de la fiscalización, pese a las críticas iniciales sobre la elevada representación estatal en dicho órgano. Tras ajustes, se logró un equilibrio en su configuración. Asimismo, se establece la imposición de multas que pueden alcanzar hasta UF 20.000, equivalentes a alrededor de $1.300 millones, para quienes incumplan la norma.
Cabe destacar que el proyecto, que ya había enfrentado observaciones en la Comisión de Hacienda debido a preocupaciones sobre el impacto fiscal, también recibió críticas de diversos actores del ecosistema tecnológico, entre ellos startups y gremios como la ACTI, la Cámara de Comercio de Santiago, la CNC, la ALAI, FinteChile, la Asociación de Legaltech de Chile y Chile Data Centers. Estos sectores manifestaron inquietudes acerca de la rigidez normativa, los posibles impedimentos para el desarrollo de modelos de IA y el riesgo de afectar la competitividad regional debido a un desalineamiento con estándares internacionales.
Autor: Jorge Rojas