El 30 de julio, el gobierno estadounidense publicó un decreto presidencial basado en la ley IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) que incrementa el arancel a productos brasileños del 10% al 50%, con un aumento extraordinario del 40%. Aunque se esperaba la entrada en vigor de la medida el 1 de agosto, su aplicación se pospuso hasta el 6 de agosto.
La administración norteamericana argumenta que recientes acciones del gobierno de Brasil constituyen una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. En particular, se atribuye la imposición del nuevo arancel a decisiones adoptadas por el ministro Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF), que habrían forzado a empresas tecnológicas de EE. UU. a censurar contenidos políticos, desmonetizar cuentas o entregar datos de usuarios, enfrentando además posibles sanciones legales y exclusión del mercado brasileño.
Asimismo, se retomaron las acusaciones al expresidente Jair Bolsonaro y sus aliados por lo que se considera una persecución política que atenta contra la libertad de expresión y los principios democráticos del país. En respuesta, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva convocó una reunión de emergencia en el Palacio del Planalto, en la cual participaron altos ministros como Fernando Haddad, Rui Costa, Gleisi Hoffmann, Jorge Messias, el vicepresidente Geraldo Alckmin y representantes del Itamaraty. El vicepresidente ya sostuvo encuentros previos con representantes de las grandes tecnológicas estadounidenses para explorar soluciones.
La ministra Gleisi Hoffmann expresó en la red social X su rechazo al decreto, calificándolo de un acto arbitario contra el poder judicial brasileño y reafirmando su apoyo a Alexandre de Moraes y al STF. Por otra parte, el canciller Mauro Vieira, actualmente en viaje oficial por Estados Unidos, indicó que Brasil buscará el diálogo antes de recurrir a la aplicación de la Ley de Reciprocidad.
La controversia se centra en cómo las medidas adoptadas han impactado temas críticos como la seguridad digital, la soberanía tecnológica y la libertad de expresión. Mientras ciertos productos –como aviones civiles, aluminio, fertilizantes, metales, energía y jugo de naranja– quedan exentos del nuevo arancel, otros bienes esenciales, como el café –principal exportación brasileña hacia EE. UU.–, se verán directamente afectados. Además, sectores vinculados a las tecnologías de la información y las comunicaciones ya habían manifestado su preocupación por el impacto que estas tarifas podrían generar.
Horas antes del anuncio oficial, el New York Times difundió una entrevista con Lula, en la cual se destacó la singular posición del mandatario brasileño ante las políticas de la administración Trump, aumentando aún más la tensión en el escenario internacional.
Autor: Roberto Sánchez