Una atmósfera de incertidumbre se cierne sobre el Congreso chileno tras la presentación de una querella criminal por parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el diputado de la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto (Ind. – Partido Demócrata), y sus colaboradores. La acción penal, radicada en el Juzgado de Garantía de Coyhaique, acusa a los implicados de haber empleado maniobras destinadas a desviar recursos provenientes de asignaciones parlamentarias hacia fines no previstos en la ley de presupuestos.
El núcleo de la acusación se centra en el presunto desvío de fondos públicos. Según el CDE, Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein, junto al diputado, habrían ejecutado contratos de prestaciones de servicios que, en lugar de respaldar la labor legislativa mediante asesorías, coordinación y elaboración de estudios, derivaron en pagos de honorarios sin justificación ni respaldo que acredite la ejecución efectiva de dichos trabajos. Se destaca asimismo que Carla Graf, en presunta colusión con Calisto, no era reconocida por el equipo de trabajo parlamentario, lo que refuerza las sospechas sobre la legitimidad de los contratos suscritos.
Adicionalmente, la investigación ha descubierto varias transferencias de fondos entre los implicados que coinciden con periodos electorales en la región. Estos movimientos monetarios, según el organismo acusador, apuntan a la desviación de recursos destinados originalmente a funciones parlamentarias, posibilitando el financiamiento irregular de campañas políticas y el cubrimiento de gastos particulares, en un claro acto de administración desleal de fondos públicos.
La querella interpuesta por el CDE abre un nuevo y complejo capítulo judicial para el diputado Calisto y sus asociados, subrayando la importancia de la transparencia en el manejo de recursos públicos. La labor del Ministerio Público será decisiva para dilucidar la totalidad de los hechos y establecer las responsabilidades penales de cada uno de los involucrados.
Autor: Jorge Rojas