La aprobación reciente por el Congreso de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales representa un avance importante para quienes han señalado durante años que la complejidad de los permisos en Chile estaba asfixiando la inversión. Esta normativa introduce herramientas fundamentales: establece plazos máximos para respuestas, impulsa la digitalización mediante una ventanilla única, permite la tramitación simultánea de autorizaciones y da prioridad a las declaraciones juradas en permisos considerados de bajo riesgo. Además, se abre la posibilidad de una tramitación acelerada para proyectos estratégicos basados en criterios técnicos y de impacto económico, modernizando la interacción del Estado con las iniciativas de inversión.
No obstante, la ley omite abordar el problema central, ya que excluye los proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que son generalmente los de mayor envergadura. En esos casos, la tramitación se prolonga y se vuelve más costosa; se estima que la evaluación de un estudio ambiental supera los 400 días, sin contar los retrasos ocasionados por rechazos o solicitudes de información debido a la falta de coordinación entre organismos. La ausencia de una ventanilla única en este ámbito evidencia la necesidad de una reforma en el propio SEIA, cuyo carácter rígido y opaco se ha convertido en un serio obstáculo institucional.
Otro desafío significativo es la judicialización posterior de proyectos aprobados. Entre 1997 y 2023, más de 180 iniciativas, con un monto que supera los US$50 mil millones, fueron objeto de litigios. Este fenómeno no solo retrasa la ejecución de proyectos clave para el desarrollo nacional, sino que también introduce una incertidumbre que puede ser aprovechada por actores con intereses de obstaculizar el avance, más que corregir errores en el procedimiento.
Resulta llamativo y preocupante que un grupo de parlamentarios oficialistas haya decidido presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, impugnando la ley que su propio gobierno impulsó, argumentando meros defectos de forma. Esta acción pone en riesgo un esfuerzo institucional, aun limitado, que se orienta en la dirección correcta en un contexto en el que el país necesita demostrar consistencia normativa y madurez política para recuperar su dinamismo económico.
Ante esta situación, es fundamental que el debate no se limite al logro legislativo. Chile requiere una agenda robusta de modernización regulatoria, que incluya la reforma integral del SEIA, una revisión crítica de permisos específicos –como los del Consejo de Monumentos Nacionales– y el establecimiento de límites claros para evitar la judicialización temeraria. De lo contrario, se perpetuará la percepción y la realidad de que invertir en el país es una apuesta incierta, no tanto por sus condiciones económicas, sino por la inestabilidad de sus instituciones.
El objetivo no es disminuir las exigencias ambientales ni debilitar los estándares, sino dotar al Estado de la capacidad para tomar decisiones con rigor, en plazos razonables y bajo reglas predecibles, acompañadas de resguardos jurídicos proporcionales. La permisología va más allá de un problema técnico; es un desafío institucional que afecta la capacidad de crecer, innovar y ofrecer bienestar a las futuras generaciones.
Autor: Iñigo Socías