La tensión entre el Gobierno que deja el poder y el que está por asumir se intensifica a causa del nuevo proyecto de reajuste del sector público, anunciado hace dos semanas y que aún no se ha sometido al debate en el Congreso. Desde “La Moneda chica”, Claudio Alvarado, encargado de la transición para el próximo Ejecutivo, criticó enérgicamente la estrategia de incorporar en este texto disposiciones que favorecen la continuidad de funcionarios a través de mecanismos que aseguran su vinculación política.
El asunto se complicó cuando, este lunes, el Ministerio de Hacienda presentó nuevos detalles a asesores de la oposición, señalando que el proyecto contempla la creación de nuevos cargos de planta y ajustes en políticas laborales en entidades como la Dirección General de Obras Públicas, el Instituto de Previsión Social (IPS), la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), el Gobierno Interior y el Ministerio de Vivienda. Asimismo, se incluyen medidas misceláneas tales como la ampliación del giro de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para incluir el hidrógeno verde, y el de Correos de Chile respecto a funciones en logística.
Alvarado lamentó que el Gobierno saliente integre en la ley de reajuste artículos estrátegicos ajenos al objetivo original, aspectos que, a su juicio, buscan perpetuar la permanencia de gente de confianza política sin importar la eventualidad de futuros girones de gobierno. En sus declaraciones, resaltó que, aunque es legítimo contar con colaboradores de confianza en puestos altos, no es aceptable que la norma pretenda asegurar estas asignaciones en el largo plazo. Además, hizo un enérgico llamado al Parlamento para rechazar estas disposiciones, advirtiendo que “ya basta de utilizar el Estado como botín de ingresos permanentes”.
La controversia no se limita a las críticas del encargado del traspaso. Dentro de la Comisión de Hacienda, la sorpresa fue general al descubrir que el contenido total del proyecto incluía, además de los ajustes salariales —que se estiman en un 3,4% nominal—, normativas sobre licencias médicas, horario laboral en la administración, teletrabajo y otras disposiciones que requieren un análisis minucioso. Algunos legisladores, como el diputado independiente cercano a Republicanos Miguel Mellado, señalaron que el Ejecutivo excedió los límites al mezclar en un solo texto temas de diversa naturaleza, lo que puede entorpecer la implementación del programa propuesto por Kast.
Otros parlamentarios, entre ellos representantes del RN y de la UDI, han sugerido la división del proyecto en dos partes: una dedicada exclusivamente al reajuste de funcionarios y otra que aborde los temas misceláneos, considerados estratégicos, como la ampliación de giros de ENAP y Correos de Chile. El presidente de la comisión de Hacienda, Boris Barrera, defendió que la propuesta no implica un “amarre” de cargos, dado que se exige una justificación para cualquier despido, aunque destacó que la norma sobre la renuncia de personal de confianza en una fecha determinada es inédita.
Ante la creciente polémica, el Gobierno ha convocado una reunión para este miércoles con senadores y diputados oficiales y de oposición, con el objetivo de buscar acuerdos que permitan destrabar la discusión antes de que el proyecto sea presentado formalmente el próximo lunes en la Cámara de Diputados.
Autor: Roberto Sánchez