La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió este miércoles una resolución en respuesta a los recursos de reposición presentados por exdirectivos y el exgerente general de Sartor AGF, en el marco del proceso sancionatorio que afectó a la gestora y a sus representantes. En noviembre, el regulador había impuesto una multa total de $14.569 millones y sancionado con inhabilitación a varios de sus directivos, luego de la crisis que culminó en la intervención y posterior liquidación de la AGF.
La mayoría de los implicados recurrió administrativamente las medidas, y el 12 de diciembre el consejo de la CMF dictaminó un fallo mixto. En consecuencia, se redujeron las multas para el exdirector Mauro Valdés, de UF 45 mil a UF 35 mil, para Alfredo Harz, de UF 75 mil a UF 65 mil, y para el exgerente general Juan Carlos Jorquera, de UF 35 mil a UF 25 mil, sin suspender la inhabilitación de cinco años para ocupar cargos directivos en entidades bajo la supervisión del regulador.
En un escenario distinto, la medida contra Pedro Pablo Larraín, principal accionista de la matriz del Grupo Sartor, junto a las resoluciones contra los exdirectivos Michael Clark y Rodrigo Bustamante, fue rechazada en su totalidad. La CMF decidió mantener la sanción más elevada de su historia para Larraín, fijada en UF 80 mil (equivalente a $3.171 millones), mientras que a Clark y Bustamante se les ratificaron las multas de UF 65 mil y UF 35 mil, respectivamente. Además, se confirmó la revocación de la autorización para la existencia de Sartor AGF.
La decisión del regulador se fundamentó en alegatos presentados por los sancionados, quienes denunciaron que los montos iniciales resultaban desproporcionados en relación a su capacidad económica. Valdés argumentó que la multa superaba en más de 6,7 veces sus ingresos anuales, mientras que la defensa de Harz subrayó que el monto estipulado equivalía a cinco veces la suma de sus ingresos laborales en cinco años. Aunque Jorquera logró ver rebajada su sanción, la CMF precisó que no se pudo acreditar la fortuna del recurrente.
Por otro lado, los escritos de reposición de Larraín, Clark y Bustamante fueron rechazados en todas sus partes, lo que conllevó a la conservación de las multas y la inhabilitación impuestas. Los afectados aún pueden combatir la resolución ante la vía judicial, presentando recursos que alegan ilegalidad en las sanciones. En particular, en caso de confirmarse la inhabilitación de Clark por la Corte de Apelaciones, este se vería obligado a renunciar a su cargo como presidente del directorio de Azul Azul, la concesionaria del equipo Universidad de Chile.
Autor: Jorge Rojas